La
vulneración permanente a sus derechos, la violencia policial y un enfoque
punitivo de la justicia y la sociedad acaban con la vida de los adolescentes y
jóvenes en recintos penitenciarios, mientras esperan su sentencia definitiva.
Por Jorge Luis Alurralde y Raquel Otalora
Han pasado 3 años y siete meses desde que José, nombre convencional, trata de demostrar su inocencia. Su encierro en el Centro Qalauma (Centro de detención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley) le ha hecho reflexionar sobre los errores que cometió cuando aún era un adolescente y el recuerdo de la Navidad de 2012 le persigue. “Fuimos a jugar fútbol con mis amigos fue un reencuentro y un amigo que salió de San Pedro (penal) nos invitó a su casa y nos reclamó porque nunca lo fuimos a visitar.
Empezamos a compartir (a beber alcohol), su mamá murió unos cinco meses antes que él salga de la cárcel y había una vecina que reclamaba por una deuda que su mamá que no le había cancelado. Gritó que éramos unos maleantes, lanzó piedras al techo y nos pedía que apagáramos la música, mi amigo quería salir a enfrentarle y lo detuvimos”. La agresión continuó y las piedras que lanzaba la vecina terminaron hundiendo el techo de la habitación, provocando que la lluvia arrasara con su espacio. “Mi amigo salió sin que nos diéramos cuenta, había ido a golpearla, ella cayó y no se levantó más, como no queríamos tener problemas, todos nos fuimos del lugar”.
El amigo de José escondió el cuerpo de su vecina en un pozo y huyó de La Paz, el único testigo fue su hermano menor (16 años) que no pudo callar el hecho y empezó a tener reacciones agresivas con sus vecinos quienes sospecharon lo que había pasado y obligaron al adolescente a contar lo sucedido.
La información fue publicada en los medios de comunicación y José decidió ir a declarar sobre lo sucedido, “llamé a la Policía les dije que quería declarar, pero me dijeron que no aparezca por la zona porque los vecinos me lincharían, me indicaron que espere en la Ceja, como no venían volví a llamar y les dije que les esperaría en Perla Andina (El Alto), ahí me encontraron me golpeó un policía y me llevó hasta el cruce de Viacha en Bomberos, me decían ya te hemos atrapado cabrón, en la noche me llevaron a la FELCC y los policías entraron a la celda a la una de la madrugada yo estaba tapado con una cama y de pronto sentí una patada en mi nariz y luego golpearon mis pies con sus toletes”. José hace una pausa obligada en su relato, mientras sus ojos se llenan de lágrimas y continúa “al día siguiente me visitaron mi papá y mi mamá. Mi papá metió sus manos por las rejas y me arregló mi nariz porque estaba a un costado, él lloraba y me decía está mal tu nariz”.
Según la Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2015, ocurrieron dos muertes en celdas judiciales. Los registros identificados son los siguientes:
Mientras que en 2014 se suscitaron cuatro muertes en recintos policiales. En ninguno de los casos se llevaron adelante procesos contra los responsables de la custodia de los detenidos los recintos policiales.
Para el defensor del Pueblo, Rolando Villena, estos hechos ocurren por “la irresponsabilidad y desidia de la institución policial que no toma las medidas necesarias para proteger la vida y la seguridad de las personas que se encuentran en sus recintos y que muchas veces son víctimas de violencia de policías, de otros detenidos o pueden atentar contra su vida”.
José creía que al testificar voluntariamente sobre lo ocurrido podría aminorar su pena como cómplice, pero se equivocó estaba acusado de asesinato como coautor. Su amigo estuvo prófugo hasta el año pasado (2015), cuando fue detenido y decidió acogerse al beneficio del silencio porque era reincidente, el menor que declaró también está detenido en Qalahuma.
Desde entonces, José ha intentado demostrar su inocencia pero se chocó con otros muros. “En un principio estaba con un abogado particular; pero resultó que se hizo comprar con la parte contraria, él quería llevarme directo al procedimiento abreviado inculpándome de asesinato, pero no es la verdad, soy consciente de que hice algo ese día, sí merezco tener una sentencia, lo acepto, pero no puedo aceptar que me condenen como si yo hubiera sido el principal autor, eso es lo que ellos quieren”, asegura el joven.
Después de lo ocurrido, el sindicado recurrió a la Defensa Pública, pues su familia no contaba con los recursos suficientes para contratar un abogado particular, pero desde entonces “cambiaron cuatro veces de abogados de Defensa Pública, cambian al investigador, al fiscal y así transcurre el tiempo”, sin una sentencia tan sólo con detención preventiva.
De hecho, el 90% de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley que se encuentran detenidos en el país no tienen sentencia, en el caso de los adultos, la tasa baja al 68%, según Roberto Simonelli, responsable en la región de Progetto Mondo MLAL, entidad que trabaja con justicia restaurativa y justicia penal juvenil. “Los índices de detención preventiva en el caso de los jóvenes son mayores porque no pueden demostrar que tienen familia, que tienen casa o un trabajo. Entonces los jueces o los fiscales dan medidas cautelares. Por el hecho de ser jóvenes hay un abuso mayor en la detención preventiva para los adolescentes y los jóvenes”, explica.
El XVIII Informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Defensoría del Pueblo, 2105, señala que esta Institución realizó una encuesta en 2015 a jóvenes y adolescentes en conflicto con la Ley, específicamente sobre la aplicación de Medidas Cautelares, los resultados señalan que “el 42% de las y los Jóvenes permanecieron de tres a seis meses privados de libertad, el 21 % se encontraron detenidos de 6 meses a 3 años y el 19% entre un mes y 3 meses. Es decir que el 59 % de los y las jóvenes no comparecieron ante la autoridad jurisdiccional, tiempo en que se encontraron ilegalmente detenidos”.
De acuerdo a los datos de la investigación, ninguno de los entrevistados se ha presentado ante el fiscal en forma espontánea, para que le reciba su declaración informativa y se le mantenga en libertad mientras se realiza la averiguación de los hechos.
El 86% de los entrevistados no recibieron citación previa sobre una denuncia en contra de éstos, por una presunta comisión de un delito. En relación a su defensa, el 50% señala contar con abogado particular, el 45% es asistido por defensa pública y el 1% por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Sobre la aplicación de medidas sustitutivas, el informe revela que el 71 % de los entrevistados señalan que su abogado no solicitó la sustitución de otra medida cautelar. Las dificultades que se les presentaron fueron que no contaban con Certificado domiciliario.
El 24% demandaron ante el juez la aplicación de medidas sustitutivas a la Detención Preventiva, sin embargo no se le concedió por las siguientes razones:
De acuerdo al libro Agua que labra la piedra 1 Hacia un camino restaurativo para la justicia penal boliviana, “La medida de privación de libertad es la más aplicada, sino la única en cuanto se aprehende a un adolescente o joven”. Aproximadamente el 50 % de los casos tienen que ver con robo y no otros delitos mayores.
Fuente: Agua que labra la piedra 1 Hacia un camino restaurativo para la justicia penal boliviana
José empezó a estudiar las leyes y los códigos, está seguro que como se dieron los hechos fue cómplice, pero no asesino, lo repite con firmeza, aunque la acusación formal en su contra salió hace cuatro meses, después de 3 años y 3 meses, como coautor de asesinato. Al recordar la decisión del fiscal y de todo lo que tuvo que pasar con resignación dice “después de tanto tiempo ya me cansé y dije ya, iré al abreviado y ahora ni siquiera eso quieren aceptarme”.
El problema que ahora le atormenta a José, es su edad, tiene 22 años y cree que en poco tiempo más será trasladado a una cárcel de adultos, él sabe que en los penales les cobran un ingreso por su permanencia, que debe pagar para encontrar un lugar donde dormir. “Ya me van a trasladar a San Pedro entonces estoy viendo la forma de reunir para mi ingreso”, dice mientras contempla los espacios que tiene en el Centro Qalauma y que reconoce como un lugar donde tuvo la oportunidad de estudiar y capacitarse en diversas ramas. “Ya salí bachiller, soy técnico básico en computación, sé serigrafía y estoy en casi todos los talleres, con lo que aprendo hago cosas y trato de ganar algo en los talleres para mi champú, mi Ace (Detergente), lo demás le mando a mi mamá porque necesita para mis hermanitos y mi hijita”.
Cuando habla de su familia, José no puede evitar que las lágrimas empañen sus ojos y su voz se ahoga, afirma que hace medio año murió su papá y la situación se complicó, ahora debe pensar desde Qalauma en como apoyar a su madre, quien además cuida a una hija de José, que fue dejada por su madre en el Centro y desapareció.
Según el Ministerio de Justicia, de los 800 adolescentes con responsabilidad penal en distintos recintos penitenciarios, 50% está en cárceles para adultos, 35% en centros de rehabilitación y el resto en proceso de transición a estos centros. En Bolivia se cuenta con sólo dos centros de rehabilitación, Qalauma, en La Paz, y Semicruz, en Santa Cruz.
Según Simonelli, quien además lidera la aplicación de un modelo de justicia restaurativa en el Centro Qalauma, “después de tres o cuatro años en las condiciones en las que están los privados de libertad se convierten también en víctimas de la justicia”.
Por eso José ya no tiene esperanza, no cree en la justicia. “La verdad es que el que tiene plata está fuera y los que somos inocentes y no tenemos plata pagamos por los culpables que con dinero han salido, pero como no tenemos para sobornar así estamos, por eso la justicia no debería llamarse justicia, debería ser juzgar a la persona según su dinero, sino vean mi caso sin tener pruebas me juzgaron, me golpearon, tengo problemas para respirar por la nariz, conmigo hicieron una injusticia”, concluye el joven y se queda mirando el cielo celeste que cubre las rejas de su encierro.
